Desde hace años, las llamadas comerciales no deseadas han sido una verdadera molestia para muchos españoles. En un esfuerzo por proteger a los ciudadanos y combatir las estafas telefónicas, el Gobierno ha puesto en marcha una normativa decisiva que prohíbe, a partir de este 7 de junio de 2025, todas las llamadas comerciales realizadas desde números móviles.

Esta medida, fruto del Plan “Antiestafas” impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se erige como una herramienta fundamental para frenar las prácticas abusivas que, además de molestar, pueden derivar en fraudes y suplantaciones de identidad.

¿En Qué Consiste la Nueva Normativa?

La regulación, establecida a través de la Orden TDF/149/2025 publicada en febrero, dicta que las empresas únicamente podrán efectuar llamadas comerciales usando medios autorizados. Esto significa que los números móviles —normalmente identificados por los prefijos 6 y 7— han quedado fuera del ámbito de las comunicaciones publicitarias. En su lugar, las llamadas con fines comerciales deberán realizarse mediante:

• Numeración geográfica: Utilizando prefijos provinciales que faciliten la identificación del origen de la llamada.
• Números gratuitos: Como los que comienzan por 800 o 900, que ahora no solo podrán recibir llamadas, sino también emitirlas.

Además, la normativa contempla medidas adicionales para bloquear no solo las llamadas desde móviles, sino también aquellos mensajes y comunicaciones que aparenten provenir de España pero que, en realidad, se originen en el extranjero (técnica conocida como “spoofing”). Con ello, el Gobierno busca reforzar la confianza en las telecomunicaciones y proporcionar a los usuarios una herramienta preventiva contra intentos de fraude.

Impacto en las Empresas y el Sector de Telecomunicaciones

La transformación no se limita únicamente al ámbito del usuario final. Las empresas de telemarketing y los proveedores de servicios deberán adaptarse a esta nueva realidad. Quedan bajo la obligación de utilizar únicamente líneas autorizadas y, de lo contrario, se enfrentarán a sanciones que podrían alcanzar los dos millones de euros. Desde la fase previa del plan, implementada desde el 7 de marzo, los operadores han bloqueado más de 14 millones de llamadas y 10.000 SMS fraudulentos diarios. Este despliegue de medidas se configura como un ataque coordinado contra el fraude, a la vez que exige a las compañías revisar y actualizar sus estrategias de comunicación comercial.

¿Qué Significa Esto para el Ciudadano?

La puesta en vigor de esta normativa trae consigo numerosos beneficios para el ciudadano medio. En primer lugar, la reducción de llamadas no deseadas mejora significativamente la calidad de la experiencia móvil al liberar a los usuarios del constante acoso publicitario. Además, el bloqueo de técnicas de “spoofing” protege la identidad y los datos personales, evitando que los delincuentes se hagan pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial.

Para potenciar la protección, se recomienda a los ciudadanos inscribir su número en la Lista Robinson, un registro gratuito que impide recibir publicidad no deseada. También es aconsejable utilizar aplicaciones de bloqueo de llamadas y extremar la cautela ante solicitudes de información personal por teléfono. Estas prácticas, combinadas con la nueva regulación, ofrecen a los usuarios un doble escudo contra las estafas y el acoso comercial.

Una Mirada Hacia el Futuro

La entrada en vigor de esta normativa supone un cambio radical en el manejo de las comunicaciones comerciales en España. Al obligar al uso de números geográficos o gratuitos para fines publicitarios, se facilita la identificación y verificación de las llamadas, lo que no solo reduce el spam, sino que también incentiva a las empresas a operar de forma más transparente y respetuosa con la privacidad de los usuarios.

Además, se tiene previsto que en junio de 2026 se implemente una base de datos oficial con identificadores alfanuméricos para los SMS. Esta herramienta permitirá a operadores y autoridades verificar de manera automática la legitimidad de las comunicaciones, ampliando así la protección contra nuevas técnicas de fraude. De esta forma, el Gobierno no solo pone fin a una práctica molesta, sino que sienta las bases para un ecosistema de telecomunicaciones más seguro y fiable.

La lucha contra el spam telefónico da un salto cualitativo con la entrada en vigor de esta normativa. Los ciudadanos pueden esperar una notable mejora en la calidad de sus comunicaciones, mientras que las empresas se ven forzadas a replantear su estrategia de marketing directo. Esta medida, enmarcada en el Plan “Antiestafas”, es un paso firme hacia una mayor seguridad y transparencia en el sector de las telecomunicaciones en España. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, iniciativas como esta nos recuerdan que el bienestar y la protección del usuario deben estar siempre en el centro de las políticas públicas.